La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha emitido una acusación contra las plataformas de alquiler vacacional por permitir la proliferación de la oferta ilegal. Esta acusación coincide con la opinión de la Federació Balear d’Habitatges Turístics (FEHBATUR) en relación al nuevo reglamento europeo sobre alquileres de corta duración, cuya aprobación se espera antes de finalizar el año. Ambas organizaciones consideran que este reglamento no será la solución definitiva para el problema.
El reglamento europeo tiene como objetivo establecer un sistema de recopilación y compartición de datos que sea simple y armonizado en todos los países de la Unión Europea, con el fin de aumentar la transparencia en el sector de alquiler vacacional.
María Frontera, presidenta de la FEHM, destaca que aunque el reglamento representa un avance, no resolverá por completo el problema de la oferta ilegal. Para abordar este problema de manera efectiva, Frontera argumenta que es necesario fortalecer el control desde el Consell de Mallorca.
En el contexto de un debate sobre la sostenibilidad social del turismo en Palma, Frontera enfatiza que el problema no radica en el turismo en sí, sino en la creciente proliferación de la oferta ilegal. Según Frontera, las plataformas de alquiler vacacional, a pesar de sus inversiones en tecnología y marketing, no están cumpliendo con la verificación de licencias y no están dispuestas a asumir responsabilidad en este aspecto. En lugar de cumplir con la legalidad, estas plataformas están centradas en sus negocios, lo que ha llevado a una situación en la que prácticamente cualquier vivienda se convierte en un alojamiento.
Frontera también señala que el problema se ha vuelto tan complejo que las infraestructuras actuales no pueden hacer frente a la creciente oferta ilegal. La FEHM aboga por tomar medidas adicionales para democratizar la actividad en el sector de viviendas turísticas y garantizar un equilibrio adecuado entre la oferta legal y la ilegal.
Maria Gibert, gerente de la Federació Balear d’Habitatges Turístics (FEBHATUR), aboga por la democratización del turismo y sostiene que todos pueden tener cabida en el sector turístico. A su parecer, los hoteleros, acostumbrados a acaparar todo el mercado, perciben la vivienda turística como una amenaza. Gibert también subraya la necesidad de calmar el debate en torno a este tema, destacando que la prohibición del alquiler turístico en Palma durante los últimos seis años no ha tenido un impacto significativo en la reducción de los precios de alquiler ni en el aumento del parque de viviendas residenciales.
En los últimos diez años, los datos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca indican que la oferta de vivienda turística legal ha aumentado casi 30 veces más que la disponibilidad de plazas hoteleras, que solo ha crecido un 7% en las Islas Baleares. Según Gibert, este aumento en la vivienda turística no está provocando la escasez de viviendas residenciales, sino más bien un desvío de propiedades residenciales hacia el mercado turístico, lo que dificulta el acceso a la vivienda.
La gerente de FEBHATUR elogia la iniciativa europea de armonizar la recopilación de datos para mejorar la transparencia en el alquiler vacacional, aunque considera que su implementación será complicada. Señala que, si ya es un desafío erradicar la oferta ilegal en las Islas Baleares, será aún más complicado a través de organismos europeos distantes de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de ciudadanos extranjeros que tienen segundas residencias en la región y no utilizan canales comerciales convencionales para alquilar. Sugiere que cruzar datos con las autoridades fiscales podría ser una solución efectiva.
Gibert defiende que no se debe demonizar a las grandes plataformas de alquiler vacacional y destaca la importancia de su colaboración, pero también subraya que culparlas por todos los problemas no es la solución. Además, elogia la labor del Consell de Mallorca, la institución encargada de perseguir la oferta ilegal en este ámbito, y considera que están haciendo lo que pueden con los recursos disponibles. En sus palabras, «El problema de convivencia entre turistas y residentes no lo provoca el turismo, sino la oferta de alquiler ilegal.»
